LA EDUCACIÓN QUE NECESITAMOS Y QUE JUSTAMENTE MERECEMOS.
Hacia la reforma constitucional. Por el derecho fundamental a la educación.
MINGASURCOLOMBIA Noviembre de 2011
La defensa de la educación ya va a acumular otros dos siglos. Desde el siglo pasado, en el XX, estuvimos organizados defendiendo su legado y promesa. Desde la época de 1.992, las diferentes universidades públicas y algunas privadas resistimos ante la arremetida del Estado, en ese entonces dirigido por Cesar Gaviria. Se trataba de la arremetida del modelo Neoliberal en lo económico y Ultraconservador en lo político y democrático. Esta época coincidía con el auge del proyecto paramilitar, generador del desplazamiento en la nueva época del capital. El narcotráfico como manifestación de la nueva acumulación del capital estridente y siempre violente, inauguraba la década. Este nuevo modelo de producción y generación de riqueza era la nueva fase superior del capitalismo. La violencia narqueta de la mano con la des institucionalización del país, cimentó que la educación también perdiera su perfil como motor legal del ascenso social, de la mano del esfuerzo y la meritocracia real. De hecho, la ley marco de educación, la ley 30 de 1992, arrebató la verdadera financiación, autonomía, soberanía a la educación pública. Unidas estas dos fuerzas, la acumulación desmedida e inmediata y la agresión estatal hacia el presupuesto; deslegitimaron la educación hasta el grado de dejarla a su suerte, sin un pacto social de respeto y categoría. Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 discriminaban (aún lo hacen) el cómo se repartirían dichos recursos.
Ante este panorama, las universidades públicas resistimos contra las fuerzas legales e ilegales; debatiendo entre asambleas, tropeles, desalojos, desaparecidos, asesinados, mutilados. La siguiente década, inicio del siglo XXI, estuvo de nuevo intermediada por las sucesivas agresiones de los regímenes de turno: Pastrana (con su entonces ministro de hacienda Juan Manuel Santos) y su recorte a la Ley de Transferencias; las luchas contra el Acto Legislativo 001, Plan de Desarrollo, en donde los universitarios acompañados del movimiento profesoral nacional reversamos ese lesivo decreto. Sin embargo, la habilidad del aparato estatal reformuló sus medidas y nos acorraló en otros decretos a cuenta gotas, para al final continuar con la andanada de privatización, terror y recortes. De esa época se recuerda a las universidades luchando por cumplir al dedillo los indicadores de cobertura y eficiencia. Se nos enseñó que para agradar al presupuesto nacional, debíamos rendir cuan empresa de chorizos o de gaseosas, con mayor eficacia y eficiencia. La Universidad Nacional enseño que se podía seguir trabajando por un tiempo, sin aceptar esta mordaza económica, al cabo del cual terminó cediendo ante el entramado de burocracia y presión.
Para nuestro contexto, en Univalle la aceptación de la Ley 30, fue a rajatabla. Se impuso el sistema de premios y puntuaciones adicionales, con lo que se consiguió unos cuantos miles de millones más por la eficiente labor cumplida. Al tiempo en Univalle se demostraba que era la punta de lanza en la política generadora de sus propios ingresos.[1] La historia económica de nuestra universidad cuenta cómo este desarrollo de autofinanciación inició con la venta soterrada de servicios, luego con la dirección de la universidad paralela -la Fundación General de Apoyo-; para llegar a la mercantilización de los posgrados y el descuido intencional a los pregrados. Panorama sintético, para primíparos universitarios. Los informes de gestión de los últimos rectores constatan estos planteamientos. Galarza, Dulcey, Rojas, Ramos, son protagonistas directos de este cambio en la función constitucional durante al menos dos décadas de vida universitaria. Para no quedarnos en el pasado y solo rememorar lo acontecido, queremos aportar a la discusión sobre la nefasta Ley 30:
Nuestra propuesta como egresados y estudiantes de Univalle, no es otra que: como usuarios del sistema estatal de educación, debemos prolongar nuestra lucha hacia la Reforma a La Constitución Nacional de 1991, para reescribir el Artículo 67 y enunciarlo como un Derecho fundamental, no como un servicio, tal como se asume en la actualidad. Esta lucha se consagraría en una verdadera puerta de entrada para recuperar el presupuesto, la autonomía y soberanía nacional, colocadas en riesgo con la pretendida Ley 30. No hablamos de la reforma a la ley, por cuanto es un remiendo a una fatídica norma impuesta por el mercado mundial. Mientras el mundo exige democracia, justicia y equidad, en Colombia se toman medidas regresivas como elevar los aportes de ciudadanos, vía impuestos o pago de la vida en sociedad (salud, vivienda, recreación, educación, seguridad). Es decir, el Estado solo se limita a administrar el recaudo y la represión. De la política social se encargará la empresa privada previamente paga por los asociados.
La reforma a esta Ley, desenmascara las verdaderas intenciones contenidas en las viejas normas del siglo anterior: En 1.992, se tomaba cuan comedia de la reforma Pastrana-Galán de 1.971.[2] La tragedia la habían vivido los universitarios contra el plan Attcon, la fundación Rockefeller, los planes de invasión ideológica de los Estados Unidos. Esta “nueva” reforma Santos-Campo (2011), solo agrega la ambición del capital en la educación. La economía política enseña que el rendimiento de la ganancia del capitalista, llamada plusvalía, solo se logra explotando. En este caso, no se había tocado abiertamente la mina de oro que se halla en la educación. Soterradamente las universidades privadas habían demostrado cómo en solo unos anos pasaban de una ciudad a todo el país, cubrían cerca del 70% de la oferta educativa hacia el 2005; generando interesantes acumulados no solo académicos.
En la actualidad, el Establecimiento, siempre ávido de recursos, buscó la joya no tocada aún. Propone la indecorosa reforma, agrega los negocios ramplones de la ex gerente del Cámara de Comercio de Bogotá; la pone a prueba para manejar asuntos de Estado que se pensaban igualmente frívolos y cerrados; impone el ritmo de la máquina estatal y se encuentra con un relámpago en cielo despejado: ella ni el gobierno de turno esperaban encontrar un movimiento vigoroso en los universitarios, y ahí se equivocó. Durante los años anteriores sistemáticamente se liquidó al movimiento estudiantil con detenciones, desplazamiento, asesinatos, chantajes. La táctica anterior de Uribe-Santos aparentemente les funcionó: por un lado implementaban las medidas del modelo neoliberal y por otra reprimían con el brazo legal o ilegal. Ahora docentes, intelectuales, artistas, estudiantes de todos los niveles se tomarían las ciudades para defender el principal capital de una nación: su cultura.
Para sustentar nuestro análisis, comentamos un artículo del profesor Salomón Kalmanovitz, un analista no intencionado y mimado por el Estado, que ha puntualizado de qué se trata la pretendida reforma:
“Se trata también de una política que continúa con la de Uribe, que en 2002 encontró un presupuesto que asignaba el 0,50% del PIB a las universidades y que en 2011 había reducido esa participación al 0,38% del producto, pero exigiéndoles a sus administraciones que ampliaran los cupos y los programas de doctorado. Eso está bien: las universidades deben emplear los recursos públicos de manera eficiente, exigirles a los profesores buena docencia e investigación y contribuir a que aumente la cobertura al máximo. Pero cuando los recursos no son proporcionales a las necesidades, lo que sucede es una pérdida de calidad, algo que fue evidente con la expansión del SENA, y que también está ocurriendo en las mejores universidades públicas del país…” [3]
Es decir, los universitarios tenemos razón: el PIB invertido a la educación decae; no hay recursos suficientes para cumplir con las metas exigidas; la calidad es un incumplible; por ello, agrega nuestro analista ex director del Banco de la República:
“…Las prioridades se revelan si se compara la participación del gasto en seguridad y sueldos de retiro, 6,5% del PIB, 17 veces superior al gasto en universidades públicas, Las prioridades se revelan si se compara la participación del gasto en seguridad y sueldos de retiro, 6,5% del PIB, 17 veces superior al gasto en universidades públicas, proporción que seguirá aumentando de acuerdo con los propósitos de la nueva ley. En la última propuesta se incluye un factor transitorio —el 3% del monto decreciente sobre el PIB—, lo cual no cambia mucho las cosas: al final del mandato único de Santos la participación cae a 0,35% del producto…”
En conclusión: no están (mos) locos ni menos desinformados nuestros líderes de la MANE (Mesa Ampliada Nacional Estudiantil), cuando evidencian el desequilibrio entre seguridad y cultura, que ni siquiera tiene algo que comparar con nuestros países vecinos. Somos una vez más, una vergüenza en materia de inversión estatal, de justicia social y derechos humanos. Estado inviable social y humanamente. Un país que no escucha a sus jóvenes y gentes educadas, qué porvenir le espera? Acaso solo estamos destinados a las fosas, el silencio, la avaricia? Males impuestos por unos pocos y colocados como identidad nacional. Vencer este capítulo depende de todos. Es con nosotr=s también.
Desde nuestros títulos y estudios, presente! Estamos, compañer=s!
Un saludo Cultural.
Minga Sur Colombia. INF: mingasurcolombia.blogspot.com www.mingasur.wordpress.com
[1] Nos referimos a la aplicación del sonado artículo 87 de la ley 30 que dice: “Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran. El subrayado es nuestro. Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
[2] Parafraseando al viejo Marx, sobre la repetición de los hechos en la historia, unas veces como tragedia y la otra como comedia. Ver: El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Ediciones Sarpe. Barcelona. 1982.
[3] Salomón Kalmanovitz. El Espectador 7 de noviembre de 2011.
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